Pedro Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre y habrá elecciones generales el 29 de noviembre. Lo hizo tres días después de que PP, Vox, Junts y UPN tumbaran en el Congreso sus dos decretos de vivienda, el primero por 178 votos a 172 y el de la renovación automática de los alquileres por 184 a 166, con la Puerta del Sol acampada desde hacía casi una semana. La media de sondeos que Eduardo Bayón calculó esos días da a PP y Vox el 50,7% del voto y entre 197 y 208 escaños. Con esos números, convocar parece una temeridad.
Creo que la cifra engaña sobre su propia solidez. La derecha española reúne desde 2016 los mismos once millones de votos con siglas distintas, y lo que hoy la coloca por encima del 50% es sobre todo que una parte de la izquierda ha dejado de verse votando. El 2 de octubre la oposición le dio a esa parte un motivo para volver. Lo sostengo desde Ceuta, donde empezó la otra mitad de esta historia.
Dos fracturas en la misma campaña
Lipset y Rokkan llamaron cleavages, en 1967, a las divisiones sociales lo bastante profundas y duraderas como para ordenar durante décadas la competencia entre partidos. La que organizó el siglo XX europeo fue la de clase. La literatura posterior, de Kriesi a Hooghe y Marks, ha descrito otra que separa a quienes aceptan sociedades más abiertas de quienes anteponen la frontera y la identidad nacional. Las dos conviven en cualquier electorado y lleva ventaja el partido que consigue que se vote sobre la que le favorece. La polarización actual entre lo identitario y la justicia social llevará al ciudadano a decidir cuál de los dos aspectos pesa más en su día a día, y dejará en segundo plano la adscripción clásica a la izquierda o a la derecha.
Vivo en Ceuta. Tras las entradas masivas de finales de julio hemos visto cómo la identidad nacional eclipsó, desde el Hacho hasta la frontera, cualquier debate sobre aspectos socioeconómicos. El fenómeno es muy interesante en una de las ciudades con mayor desigualdad entre barrios. Según el Atlas de renta del INE, con datos de 2023, la sección censal más rica del centro ingresa 86.084 euros por hogar y Loma Colmenar 17.450, casi cinco veces menos. En la edición de 2022, Ceuta era la única capital que figuraba a la vez entre las siete con más secciones muy ricas y entre las tres con más secciones muy pobres.
En el resto del país el efecto fue más ambiguo de lo que sugería el ruido. El barómetro del CIS de septiembre, el primero tras la crisis, recogió menos menciones a la inmigración que el de julio (del 23,4% al 19,7%), y la categoría específica sobre las fronteras de Ceuta y Melilla apareció en el 4,8% de los cuestionarios. More in Common, con trabajo de campo de finales de agosto, la encontró en cambio como primer problema, citada por el 45,9%. Donde las dos mediciones dejan de discutir es en el voto. El PP está donde estaba en 2023, en torno al 33%, y Vox ha pasado del 12,4% al 18,2% de la media. En el sondeo de Cluster17 para Agenda Pública, el 15,3% de quienes votaron al PP hace tres años elegiría hoy a Vox. Mi lectura es que la frontera reafirma al que ya estaba convencido y reordena el bloque por dentro más de lo que lo agranda.
Un problema que ya tiene a quién señalar
La vivienda funciona de otra manera. Bayón la describió en Agenda Pública, el 1 de octubre, como «un problema sin dueño»: el primero del CIS desde hace casi dos años y, a la vez, uno que ningún partido ha conseguido hacer suyo. Los datos de ese medio explican por qué. En la encuesta de Cluster17 de finales de agosto, el 88,7% de los españoles decía que el acceso a la vivienda ha empeorado durante la legislatura, y lo decían el 99% de los votantes del PP y el 81,9% de los del PSOE. Entre los 25 y los 34 años, el 96,1%. Es el único juicio de toda la batería que no se parte por el recuerdo de voto.
Un diagnóstico compartido puede quedarse en reproche al Gobierno, y en parte lo es. Pero hay algo más. Según 40dB para El País y la SER, el 67,5% apoya limitar los precios aunque los propietarios pierdan rentabilidad, y entre los votantes de PP y Vox lo hace más de la mitad. Sobre la frontera, los electores de un bloque y del otro quieren cosas opuestas. Sobre el alquiler, muchos quieren lo mismo.
A ese asunto le faltaba una cara. Maricarmen tiene 87 años y vivía de alquiler en el mismo piso del Retiro desde hacía setenta. El 23 de septiembre la desahuciaron y salió en camilla hacia el hospital. Días después la empresa propietaria aceptó que vuelva con un contrato nuevo, pero para entonces su caso lo entendían igual el inquilino que encadena contratos y el propietario que tiene una madre de esa edad.
Sería un error escribir que el PP votó contra sus votantes. En el sondeo de Sigma Dos para El Mundo publicado el 4 de octubre, el 73,5% cree que los decretos no habrían resuelto la crisis. Las dos medidas más discutidas, la prohibición de desahuciar a personas vulnerables y la prórroga de los contratos, reúnen más apoyo que rechazo en el conjunto del país, pero solo las respalda alrededor de un tercio del electorado popular. Y el PP es el partido que más confianza inspira para gestionar la vivienda, con un 23,9% frente al 15,2% del PSOE. Feijóo votó con la mayor parte de los suyos. Pero el tercio que sí respalda esas medidas equivale, sobre su resultado de 2023, a unos dos millones y medio de personas, y entre los votantes del PP hay el doble de inquilinos (18%) que de caseros (9%), según More in Common.
Lo que cambió el 2 de octubre es que el problema, que sigue sin dueño, tiene desde entonces a quién señalar. Y la escena va a repetirse. El Gobierno ha anunciado que volverá a aprobar los dos decretos con retoques técnicos y que los llevará a la Diputación Permanente, donde el voto de Junts deja de ser decisivo. PP y Vox tendrán que pronunciarse otra vez, ya en precampaña.
El techo de los once millones
El problema al que se enfrenta la derecha es de techo. PP y Ciudadanos sumaron 11,08 millones de votos en 2016. PP, Ciudadanos y Vox, 11,22 millones en abril de 2019. PP y Vox, 11,22 millones en 2023. Entre las dos últimas cifras hay 427 votos de diferencia. En porcentaje, su máximo es el 46,1% de 2016, contando a Ciudadanos.
La falta de un centro político como el que fue Ciudadanos ha configurado dos bloques casi estancos. Aquel partido sirvió de puente: según el postelectoral del CIS, el 9% de los 4,1 millones de votos de Albert Rivera en abril de 2019 venía del PSOE, unas 370.000 personas. Cuando se hundió en noviembre, el 30% de sus votantes acabó en el PP o en Vox y el 4% en el PSOE, de acuerdo con el estudio de SocioMétrica. Sin esa estación intermedia, el votante de centroizquierda que quiera cambiar de bloque tiene que hacerlo de un solo paso.
Si hacemos caso a las encuestas, ese paso lo ha dado una minoría. En el barómetro de septiembre de 40dB, el 7% de quienes votaron al PSOE en 2023 dice que ahora votaría al PP y el 4% a Vox; Cluster17 sube el primer flujo al 9,5%. Un 11% del voto socialista son unas 860.000 personas, el 3,5% del voto válido de entonces, y eso sin descontar a quienes hacen el camino inverso, que son menos pero existen. Colmena de Datos deja la fuga del PSOE al PP en torno a medio millón. Sumada al techo, la transferencia sitúa a la derecha entre 11,7 y 12,1 millones de votos. La cuenta no incluye el relevo generacional, que la favorece: entre los menores de 25 años que declaran voto, los partidos de derecha pasan del 50%, como ha señalado Kiko Llaneras.
Tres escenarios para el 29 de noviembre
Con doce millones como máximo razonable, el porcentaje de la derecha depende de cuánta gente vote. Hago la cuenta sobre el censo de 2023.
Para que PP y Vox alcancen el 50,7% que les da la media, la participación tendría que quedarse entre el 62% y el 64%. Sería la más baja de la democracia, por debajo del 66,2% de noviembre de 2019. Ese es el escenario que describen hoy los sondeos, y sus autores lo dicen sin rodeos: en palabras de Bayón, las encuestadoras creen que parte de quienes se declaran votantes socialistas no acudirá a las urnas.
Si vota la misma proporción que en 2023, el 66,6%, la derecha quedaría entre el 47,5% y el 49%. Probablemente le bastaría para gobernar, porque Sumar y Podemos por separado convierten peor sus votos en escaños que la candidatura conjunta de hace tres años, pero estaría lejos de los doscientos diputados.
Si la participación se parece a la de abril de 2019, el 71,8% que salió a votar después de la foto de Colón, los mismos doce millones se quedan entre el 44% y el 45,5%. Es menos que el 45,4% que en 2023 dio a PP y Vox 170 escaños, seis por debajo de la mayoría. En ese punto el Gobierno lo decide la forma en que se presente el espacio a la izquierda del PSOE, que tiene diez días para registrar coaliciones.
No sé cuál de los tres ocurrirá, y el único sondeo posterior a la votación, el de SocioMétrica para El Español, apenas movió a PP y Vox de 207 a 205 escaños. Pero la materia prima del tercero existe. En el CIS de septiembre, el 14,1% de los votantes socialistas de 2023 no sabía a quién votar, frente al 6,8% de los populares y el 2% de los de Vox, y solo el 83,9% daba por seguro que iría a las urnas, cuando en el PP era el 90,3%. Son votantes que no se han ido a ningún sitio. CCOO y UGT han acordado además convocar una huelga general de 24 horas por la vivienda y los salarios, prevista para principios de noviembre.
Lo que puede salir mal
La objeción más seria a todo lo anterior es que las dos fracturas pueden fundirse en una. En la encuesta VIVIEPOL, dirigida por Pablo Simón con campo de 40dB entre mayo y junio, el 53,2% de los españoles cree que la llegada de inmigrantes dificulta a los nacidos aquí el acceso a un alquiler asequible. Lo piensa el 75,1% de los votantes de Vox, el 63,1% de los del PP y también el 44,8% de los del PSOE. Santiago Abascal respondió a la convocatoria de huelga con una receta que empieza por «remigración» y termina en «prioridad nacional». Si ese marco prende, Ceuta se come a Maricarmen, y el inquilino enfadado vota con la valla en la cabeza.
Hay otras dos. Quien ha pasado del PSOE al PP ha tomado una decisión más difícil de deshacer que una abstención, y son al menos medio millón. Y Sánchez lleva ocho años en La Moncloa con el precio de la vivienda subiendo, lo que explica que solo el 15% le confíe a su partido el arreglo.
La Diputación Permanente tiene treinta días para votar los decretos, y la huelga caería poco antes del 13 de noviembre, cuando empieza la campaña. Si esas semanas se discute de alquileres, la participación se parecerá a la de abril de 2019. Si se vuelve a discutir de la valla, a la de las encuestas.